Agenda Digital

La peligrosa confusión entre tecnología y seguridad jurídica

13 Marzo, 2019

El gobierno apunta a la modernización pero ¿hasta dónde contempla la seguridad jurídica?

La secretaría de Gobierno de Modernización, con la resolución 138/18, aprobó la Agenda Digital Argentina, de cara a la transformación y modernización del Estado. Se trata de una guía para la acción, para el ámbito público y privado, con miras a la inserción de la Argentina en el mundo.

En consonancia con el espíritu emprendedor que dio origen a la utilización de tecnología digital, la Administración Pública Nacional viene implementando un proceso de modernización con el fin de mejorar integralmente los servicios que el Estado provee, impulsando la eficiencia en la prestación e incorporando valores de apertura y transparencia.

Desde ya que, con la implementación de tecnología desde el Estado se han dado pasos. La incorporación de plataformas de gestión en los organismos generando nuevos canales digitales para estrechar los vínculos con los ciudadanos y el sector privado, son una muestra de ese espíritu. Sin embargo, para avanzar en todos los campos y para aprovechar todas las oportunidades que ofrece la digitalización, la Agenda Digital Argentina plantea la necesidad de la expansión de conectividad, mejora de la calidad de las comunicaciones, accesibilidad, habilidades para el trabajo futuro, ciberseguridad, adopción de nuevas tecnologías en el sector productivo y gobierno digital.

Sin embargo, para acompañar la velocidad del cambio tecnológico desde el punto de vista jurídico, se plantea la necesidad de “un marco regulatorio moderno y dinámico que haga viable la transformación digital argentina”.

La inquietud que surge entonces es de ¿qué modo  es posible promover un entorno que asegure la neutralidad tecnológica, que genere un contexto proclive al desarrollo de servicios digitales, garantizando la seguridad jurídica? La adaptación de los marcos legales vigentes -según plantea el texto- debe incorporar las mejores prácticas internacionales. Lo que implica “actualizar aquellas regulaciones que quedaron obsoletas frente al avance de las tecnologías, así como también las que representan obstáculos para la innovación y el avance en materia de TIC”.

En el proceso de incorporación de la figura del boleto de compra venta electrónico, se considera que la firma digital del documento electrónico satisface el requisito de certificación por escribano público, juez de paz o funcionario competente. Sin embargo, el notariado en su conjunto se ha pronunciado sobre lo confuso de la norma, ya que asimila seguridad jurídica a la firma electrónica cuando en realidad la labor de seguridad jurídica comprende muchos puntos más que la sola cuestión de la firma digital, sino lo referente al consentimiento y el cabal conocimiento del compromiso asumido.  

Es decir, se deben identificar aquellos vacíos normativos que limiten de cualquier manera el desarrollo digital del país para actuar en consecuencia. Sin embargo, el riesgo es que algunos actores del entorno social en su desconocimiento de la labor notarial puedan verla como un escollo cuando en realidad es absolutamente lo contrario.

Comentarios

Comentarios