OPINIÓN. Por Escribano Francisco Hotz

¿Por qué el notariado nacional ruega por prudencia a la hora de hablar de firma digital?

28 Noviembre, 2018

Una solución inteligente y bien direccionada, facilitaría un sistema donde las partes firmen ante un profesional responsable, y éste sea quien digitalice el trámite asumiendo su legalidad y eficacia completa

Transitamos tiempos donde el afán por ser modernos y rápidos puede más que la eficiencia y la seguridad jurídica.
Trataré de ser claro y poco técnico para que este razonamiento llegue a más personas.
Para eso compartiré algunas preguntas que cualquier político debería hacerse antes de avanzar sobre cuestiones que pueden traer consecuencias no deseadas: complicaciones legales a los ciudadanos y perjuicios patrimoniales irreversibles.
¿Por qué en la inmensa mayoría de los países del mundo existen escribanos que certifican firmas y hacen escrituras públicas?
La respuesta es simple y responde a un fenómeno sociocultural: La garantía que una persona firmó estando viva, libre de presiones, conociendo lo que está firmando y habiendo sido asesorada de los alcances y consecuencias del documento que firma, la otorga la presencia de un profesional del derecho que ejerce una función pública, quien endosa esas garantías a costa de su responsabilidad civil y penal.
Esto quiere decir que cuando una persona certifica una firma, o firma una escritura, ante un escribano público, ese anexo de certificación o testimonio, avala que la persona estaba viva, que no fue obligada a firmar, que pudo trasladarse hasta la escribanía para manifestar su voluntad, que no estaba en estado de inconsciencia, que conocía lo que firmaba y muchísimos otros factores que definen un acto jurídico que, para serlo, debe ser voluntario y lícito. Esto brinda a los negocios jurídicos la seguridad que necesitan para circular libremente, lo que facilita a la celeridad y certeza en las contrataciones.
¿Por qué facilita la celeridad y la certeza en las contrataciones? Porque existe una presunción legal que establece que lo pasado ante el escribano es verdad. Por ejemplo, si una persona vende un auto y firma el 08 en la escribanía, para que pueda negar su firma tiene que iniciar un juicio por falsedad de instrumento público contra el escribano, quien asume la responsabilidad por la veracidad de esa firma.
Esto no sólo brinda seguridad al comprador del automóvil, sino también al Registro del Automotor ya que, ante una falsificación de esa firma, el responsable será el escribano y no el registro que inscribe.
Idéntico es lo que ocurre con las escrituras. El escribano no sólo certifica las firmas, sino que asume la responsabilidad total por la legalidad del negocio, el asesoramiento a las partes y la inscripción en los registros públicos. Este caso es una muestra particular de lo que decimos, ya que en el Proyecto de CCyCN se propuso que los registros de la propiedad asuman la responsabilidad por las inscripciones inmobiliarias, lo que generó el rechazo unánime de todos los registros del país. ¿Por qué? Porque el Estado provincial debía hacerse responsable por los errores, negligencias y falsificaciones en las transferencias, circunstancia que hoy en día es asumida por el escribano, quien crea el título de propiedad en la escribanía.
¿Qué implica la firma digital como está propuesta? Que una persona podrá ir a un registro del automotor y tramitar su firma digital “sin tener que volver a comparecer”. Es decir que una vez obtenida la firma, se podrán firmar documentos sin que exista un profesional que asuma la responsabilidad de que esa persona está viva, lúcida, libre de presiones, consciente de lo que está firmando, etc. Así, por ejemplo, una señora mayor tramitará su firma digital y, a partir de ese momento, nadie volverá a verla firmar nuevamente.
¿Qué ocurriría si la clave con la que firma es entregada a una familiar o es extraviada y encontrada por un tercero? Su firma podrá ser falsificada y se podrá disponer de bienes de su patrimonio sin limitaciones. La pregunta será: ¿Quién se hará responsable por esa falsificación? ¿Quién se hará responsable por garantizar que la firma fue estampada sin vicios en la voluntad? ¿Quién garantizará que el firmante estaba vivo al momento de firmar? ¿Quién asumirá la responsabilidad de informar al firmante lo que está firmando? No me caben dudas de que deberá pagar el Estado –nacional o provincial. Ahora bien: ¿Sabe el lector lo que implica en tiempo y costos un juicio contra el Estado?
Otro interrogante es: ¿Cómo se certificarán las firmas de personas jurídicas, personas de existencia ideal? Ya que, para hacerlo, el escribano califica la documentación societaria, se asegura que el cargo invocado se encuentre vigente y debidamente constituido y también analiza el objeto social.
¿Acaso esos extremos, que hacen a la legitimación del firmante, serán obviados? ¿Dónde queda la definición de acto jurídico que impone el Art. 259 del CCyCN?
Actualmente, la certificación notarial de firmas no demora más de 24 horas y funciona sin ningún tipo de complicaciones desde los años setenta, cuando se implementaron los libros de certificaciones. Los conflictos derivados de documentos notariales son, sin lugar a dudas, los más escasos del mercado jurídico argentino, sin embargo, se busca catalogar al notariado como un mero “intermediario” en el proceso de transferencia.
Una solución inteligente y bien direccionada, facilitaría un sistema donde las partes firmen ante un profesional responsable –escribano, juez de paz o director del registro del automotor—, y éste sea quien digitalice el trámite asumiendo su legalidad y eficacia completa. De esa manera el Estado no sólo garantiza seguridad jurídica, sino también mantiene al margen su responsabilidad.
¿Qué nos hace pensar que países como Rusia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España, Portugal, Malta, Italia, Vaticano, San Marino, Mónaco, Suiza, Francia, Austria, Eslovenia, Croacia, Hungría, Macedonia, Albania, Grecia, Turquía, Rumania, Moldavia, Eslovaquia, Luxemburgo República Checa, Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, China, Indonesia y Japón -sólo por nombrar los más desarrollados- están equivocados?

Biografía

Francisco Hotz es abogado y escribano. Titular del Registro Notarial Nº 2 de la provincia de La Pampa. Miembro adscripto al Instituto de Derecho Notarial y Registral (UNLP). Expresidente y cofundador de la Comisión Novel de La Pampa. Delegado novel ante el Consejo Federal del Notariado.

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