Ya rige la ley para la desburocratización del Estado Nacional

22 Junio, 2018

La norma establece pautas sobre firma digital y alertas en casos en que se sospeche que puedan existir maniobras que impliquen el lavado de activos.

Con fecha del 18 de junio, ha sido publicada recientemente en el Boletín Oficial la esperada Ley de Simplificación y Desburocratización de la Administración Pública Nacional, cuya identificación procederá a partir del Nº 27.446.

Esta nueva y flamante normativa se ha sancionado con miras a efectivizar aquella intención del Gobierno nacional que fuera plasmada por medio del Decreto 27/2018. Es de recordar que el megadecreto, derogó 19 leyes y modificó 140, y fue presentado por el ejecutivo como una herramienta fundamental para simplificar regulaciones y potenciar la producción en once áreas del Estado.

La misma regula ciertos aspectos relacionados a la firma digital, tales como el reconocimiento del valor probatorio de los documentos electrónicos oficiales firmados digitalmente en los Sistemas de Gestión Documental Electrónica (GDE) y en el Sistema de Administración de Documentación Electrónica (SADE).

Entre otras cuestiones de interés para el ámbito jurídico, según el art. 8, se impone que las entidades que conforman el sector público nacional formularán y suscribirán las respuestas a oficios judiciales necesariamente mediante el Sistema GDE.

Otro de los puntos salientes es el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF). Se establece que, en los casos en los que se haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieran elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo en los términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público Fiscal a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal.

Este punto toma vital importancia para los notarios argentinos a la luz de la lucha contra el lavado de activos que comenzara hace ya largo tiempo y que en cada encuentro internacional se reafirma como prioridad para el actuar de los escribanos.

En esa inteligencia se ha establecido que cuando la operación reportada se encuentre vinculada con hechos bajo investigación en una causa penal, la Unidad de Información Financiera podrá comunicar su sospecha directamente al juez interviniente.

Asimismo, se resuelve que, con el fin de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, algunos sujetos obligados podrán compartir los legajos de sus clientes si estos contienen información relacionada con la identificación del origen y licitud de los fondos.

Como siempre se plantea dentro de las máximas jurídicas, las normas receptan las necesidades de la sociedad, y en tiempos de informática y tecnología aplicada el Estado no puede permanecer ajeno, así entonces, la desburocratización es un paso fundamental para la modernización del estado.

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